
La dirección general de Igualdad prepara una lista de alternativas semánticas que eviten la anatemización de determinados grupos. Su titular, Bibiana Aído, subraya que la función del Gobierno es “velar” para que España se convierta en una sociedad sin “humillaciones”, entre las que mencionar el país de procedencia del autor de un delito sería una de ellas. Para Aído, recalcar el genticilio de un delincuente se trata de un “hecho irrelevante” a efectos informativos. Para controlar el cumplimiento de estas “medidas antidiscriminatorias”se establece que el Fiscal General del Estado designe a “un Fiscal de Sala delegado a la tutela de la igualdad de trato y la no discriminación”. Además, se fomentará “la formación especializada en esta materia de los miembros del Ministerio Fiscal”.
Así, se establece que las medidas de “acción positiva”, destinadas a “prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación en su dimensión colectiva o social” serán aplicables “en tanto subsistan las situaciones de discriminación que las justifican”.
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